Sindicatos temen que tras el 25 de Marzo, el Gobierno comience a despedir funcionarios

Publicada el 20 marzo, 2012

Ámbito: Andalucía.

Los sindicatos CCOO-A y UGT-A temen que tras las elecciones autonómicas del 25 de marzo el Gobierno central «reforme el Estatuto Básico del Empleado Público y empiece a despedir a funcionarios empleados públicos», de forma que «no va a tardar mucho tiempo en reformar este Estatuto y empezar a despedir gente».

Los sindicatos han recordado una vez más que el personal laboral «puede ser legalmente despedido ahora en el caso de administraciones que aleguen insuficiencia presupuestaria o cambios organizativos, como externalizaciones», mientras que el personal estatutario «puede verse afectado y despedido igualmente por estos motivos al imponerse la realización de trabajos comunitarios por aquellas personas que estén recibiendo la prestación por desempleo» y sobre el personal funcionario, ambas centrales apuntan que «nadie quita que no salga alguna nueva ley o decreto, como ya hemos visto en países tan cercanos como Grecia o Portugal, que permita su despido».

Frente a la necesidad de «defender servicios públicos y de calidad para toda la ciudadanía, servicios universales y accesibles por lo que seguiremos luchando», los sindicatos han rechazado «los retrocesos sociales que pretenden imponer quienes gobiernan actualmente en nuestro país».

Han recordado los «recortes sociales en servicios públicos» que se están aplicando en algunas comunidades autónomas, lo que «lleva igualmente al retroceso del Estado del Bienestar Social, aumentando la desigualdad social de forma alarmante».

Por ello han asegurado que esta reforma laboral «conlleva la implantación de un sistema de repago sanitario, se favorece la enseñanza privada en lugar de la pública, se externalizan y privatizan servicios públicos». Advierten ambas centrales de que «si se reduce el número de profesionales disponibles para atender al público se ofrecerá a la ciudadanía servicios de peor calidad y por los que tendrán que pagar cuando antes no lo hacían».

Apunta que actualmente el copago que se implantará en Cataluña «es solo el primer paso para la privatización de sanidad, que se vive en otros países como Estados Unidos».

«La reforma laboral apoya las ideas del nuevo Gobierno para abrir paso, dar facilidades, y hacer legítimo la destrucción de empleo público y por ende servicios públicos, lo que nos afecta a todos, no sólo al empleado que pasa a ser despedido, sino que supone el recorte de servicios para toda la sociedad y a la calidad del mismo, como es el caso manifiesto ya en sanidad, donde el recorte de recursos materiales y humanos afecta a los usuarios negativamente», añade.

Es por esto por lo que insisten en la defensa del empleo público y unas condiciones de trabajo «dignas», frente al hecho de que los gobiernos central, autonómico y locales «están recortando la inversión en servicios públicos esenciales, eliminando derechos laborales, amortizando puestos de trabajo, destruyendo empleo en las administraciones y reduciendo los salarios de los empleados públicos».

Huelga

Temiendo esta situación, los sindicatos andaluces, hacen un llamamiento común a los distintos trabajadores públicos para una movilización el 29 de marzo, día establecido para la huelga general, ya que «la reforma laboral abre paso, da facilidades y hace legítima la destrucción de empleo público, y por ende los servicios públicos».

«Esto nos afecta a todos, no sólo al empleado que pasa a ser despedido, sino que supone el recorte de servicios para toda la sociedad», «el patrimonio común, como es la sanidad y educación pública universal y los servicios sociales, están en juego y los empleados públicos debemos reaccionar», declaran miembros de los sindicatos.

Situación de Andalucía

De los 771 municipios andaluces, existe en la actualidad 28 ayuntamientos que no pagan las nóminas a los empleados públicos, alrededor de 8.850 afectados y 615 despidos», declaraba UGT, que  añade que en la Junta de Andalucía «no se ha producido despidos como tal, pero sí que la tasa de reposición es cero», es decir, no se cubren las plazas de la jubilaciones o prejubilaciones, por lo que desde el inicio de la crisis el número de empleados públicos se ha reducido un 15 por ciento».

Los sindicatos anuncian que con la reforma laboral ya no se contempla un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) sino directamente un ERE y aseguran que se trata de «una crisis diseñada, en la que no hay dinero para los servicios públicos pero sí para pagar dinero a los bancos». Asimismo, critican que el Gobierno «pretende separar a la sociedad en dos bandos al dar marcha atrás en los derechos adquiridos».

Vía | europapress

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