Las protestas de los funcionarios continúan en Andalucía tras las elecciones

Publicada el 6 abril, 2012

Ámbito: Andalucía.

Ya han pasado casi 2 semanas tras las elecciones de Andalucía, en las que contra todo pronóstico, la mayoría del PP-A fue insuficiente para poder gobernar en la región. Eran muchos los funcionarios que esperaban ese cambio de gobierno para así conseguir de una vez por todas la ansiada derogación de la Ley de Reordenación del Sector Público, técnicamente la Ley 1/2011, de 17 de febrero, y popularmente la «ley del enchufismo». Así etiquetada por blindar laboralmente en las nuevas macroagencias a más de 20.000 trabajadores que entraron en empresas mercantiles sin ningún tipo de proceso selectivo.

Estos funcionarios han protagonizado muchas manifestaciones, que sin duda se han empezado a convertir en un gran de dolor de cabeza para el Gobierno de Griñan. No solo pos las masivas manifestaciones, sino por la ofensiva judicial que van ganando y por la información sobre irregularidades administrativas de la Junta que han puesto en circulación. La batalla no ha acabado, y los funcionarios no están dispuestos a arrojar la toalla. En algunas agencias como la del Servicio Andaluz de Empleo trabajan provisionalmente con unas instrucciones de la Gerencia que renombran al antiguo personal externo como personal subrogado, después de que una sentencia del Contencioso-Administrativo del TSJA de mediados de noviembre de 2011 suspendiera el Protocolo de Integración. Otras seis de las ocho agencias sobre las que se apoya la reordenación empresarial también cuentan con sentencias o autos en contra de la fusión de personal funcionario y externo por menoscabar principios fundamentales como igualdad, mérito y capacidad.

Mientras se sustancia el nuevo Ejecutivo y el Gobierno ahorma un problema que está lejos de resolverse, las plataformas de funcionarios (Defiendo Mi Derecho y la Función Pública, Aidos y Al Andalus son las principales) ya se están moviendo de nuevo. No hay fecha por el momento, pero hay propuestas para celebrar una asamblea de todas las plataformas en Antequera entre la última semana de abril y la primera semana de mayo. Ahí será el momento de empezar con las movilizaciones.

Respecto a la vía judicial, no se acaban los recursos interpuestos por la integración laboral en las agencias. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía inició una investigación penal por la presunta usurpación de funciones públicas en la que podría estar incurriendo el personal «a dedo» de la Junta. La Junta, de hecho, tiene que ofrecer el resultado del encargo que le encomendó a la Inspección General de Servicios para determinar si estas potestades públicas están siendo ejercidas por funcionarios. Durante los próximos meses se abrirá otro camino judicial: el de la OLAF, la Oficina de la lucha contra el fraude de la Unión Europea. Gran parte del dinero invertido por la Junta a través de sus empresas públicas ha provenido y proviene de fondos Europeos. Y hay funcionarios que no tienen tan claro que la gestión y los procedimientos empleados hayan sido los correctos. Están haciendo acopio de información para remitirla a la UE.

También depende en gran medida de los pasos que de Izquierda Unida,( si acaba pactando o apoyando al nuevo Gobierno), que el funcionamiento de la reordenación del sector público cambie. La Izquierda ha rechazado la polémica ley de la Junta, y lo ha recordado en la campaña de las autonómicas. Diego Valderas, coordinador regional de IU, llegó a decir a finales de 2010, cuando la Junta rectificó y accedió a tramitar la norma como Proyecto de Ley en la Cámara, que al «decretazo» no lo iba a conocer «ni la madre que lo parió». No hubo tal cambio porque el PSOE impuso el «rodillo» parlamentario. Ahora IU tiene su segunda vuelta, aunque entre los funcionarios no hay grandes esperanzas.

Vía | larazon

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