La “tercera administración” de la Junta de Andalucía ha recibido cerca de 42 millones de euros

Publicada el 25 marzo, 2012

Ámbito: Andalucía.

En la Junta de Andalucía se pueden distingir tres administraciones que actúan a la vez. En el caso de la primera, se trata de una administración legal, compuesta por personas que han accedido a su plaza mediante oposiciones. La segunda, es la que está formada por los contratados por las empresas públicas, fundaciones y diversos entes de escala local y regional, elegidos sin cumplir requisitos mínimos legales, técnicos ni constitucionales. La “tercera”, está compuesta por un número no conocido de trabajadores, que forman parte de empresas privadas, que trabajan en la Junta con sus respectivos despachos, o reciben encomiendas de gestión de la Junta. Las labores de la tercera o la segunda, podrían ser desempeñadas por la primera Administración, pero debido a la falta de Derecho Administrativo propio de la Junta, esta primera Administración no hace más que entorpecer los planes del partido socialista. Haciendo referencia al título de la noticia, recientes estudios han demostrado que cerca de 42 millones de euros han sido destinados a una tercera Administración paralela a las órdenes delPSOE de Andalucía en solo 6 meses.

INFORME COMPLETO SOBRE CONTRATOS Y LICITACIONES DEL SAFA.

Esta cantidad ha sido destinada a la gran cantidad de licitaciones y contrataciones que se están llevando a cabo por parte del ejecutivo andaluz en vista del proceso de cambio que se está produciendo y que no ayuda en nada al objetivo de alcanzar una Administración Pública transparente, objetiva y regida bajo los principios constitucionales del Estado de Derecho.

Esta tercera Administración consigue el desvío de fondos pertenecientes al erario público en licitaciones que, en muchas ocasiones, poco o nada está justificada su adjudicación. Esto supone un problema añadido como es que las labores que se encomiendan mediante estos contratos administrativos, como por ejemplo, la prestación de un servicio público, en muchas ocasiones supongan el ejercicio de potestades públicas que deben ser desempeñadas por funcionarios que hayan accedido a la Función Pública por procedimientos regidos por los principios constitucionales de la igualdad, mérito y capacidad.

Esto se consigue utilizando la modalidad de contratación administrativa y con convenios de colaboración administrativa que, si bien la Ley los reserva únicamente para los casos en los que las partes firmantes del convenio sean entes públicos, el ejecutivo andaluz lo utiliza también para realizar contrataciones con particulares o asociaciones elegidos y así evitar la legislación de contratos. Estas contrataciones dan a entender que haya un interés prevalente que les lleve a realizar estas contrataciones con particulares.

SAFJA declara que, “el problema fundamental de esta “3ª administración paralela”, radica en definitiva en que con este tipo de contrataciones se puede estar favoreciendo a personas concretas al margen de la legalidad vigente. Hay que destacar que si tales servicios públicos fueran realizados por personal funcionario, se ahorraría un gran cantidad de dinero para las arcas.

Todas estas gestiones transcurren ante la mirada inconsciente de los andaluces que parecen estar ajenos a este modo de actuar por parte del ejecutivo andaluz. En plena crisis económica y adjudicando millones de euros y contratando con particulares y empresas privadas, prescindiendo total y absolutamente de controles fiscales y financieros.

Eliminación de la garantía provisional

Por si fuera poco, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 1 de diciembre de 2011 refleja que el gobierno Griñán adoptó para los años 2012 y 2013 disposiciones sobre el régimen de garantías a constituir en los procedimientos de adjudicación de los contratos que se liciten por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Entes Instrumentales”.  El objeto del acuerdo no es otro que el de eximir de la exigencia de constitución de la garantía provisional, regulada en el artículo 91 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público y, actualmente, en el artículo 103 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Esto es, la no exigencia de constituir la misma puede ocasionar determinados problemas. Así las cosas, ello puede provocar problemas de incumplimiento por parte de los adjudicatarios, habida cuenta de que se está eliminando este requisito que precisamente pretende proteger el contrato y la ejecución del mismo.

Por otra parte, al no exigir tal requisito, el número de licitaciones será mucho mayor para tales ofertas y con ello puede llegarse a un empeoramiento de la calidad en el servicio prestado ya que en ocasiones se puede estar adjudicando a quien no disponga de medios económicos y técnicos para la ejecución del mismo, lo cual redundará en un peor servicio público y por ende en un innecesario derroche de dinero. Ello sin embargo, como hemos venido recalcando en el presente informe se debe poder llevar a cabo por funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía y con un menor coste.

Vía | libertaddigital

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  1. Safja declara que si continua la reordenación del sector público con el nuevo Gobierno, seguirá en contra - 26 marzo, 2012

    […] informábamos este fin de semana sobre la Tercera Administración de Andalucía, compuesta por un número no conocido de trabajadores, que forman parte de empresas privadas, que […]

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