«Empieza la mano dura sobre los funcionarios que no trabajan»

Publicada el 17 mayo, 2012

Ámbito: Nacional.
Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas

Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas

En el «amado» por todos Estatuto Básico del Empleado Público, se recogen una serie de derechos que protegen de una forma unánime al funcionariado, pero a la vez, esconde una trampilla por la cual pueden caer miles de afectados.

Esta «trampilla» tiene el nombre de «evaluación del desempeño», y fue incorporada en el 2007, y hasta el día de hoy, apenas se ha desarrollado. Ahora, Antonio Beteta, del que llevamos una temporada sin oir mucho desde su última puesta en escena con su comentario sobre los funcionarios y el cafe, ha anunciado que «lo vamos a hacer inmediatamente».  Y lo harán de forma que «los gobiernos utilicen su recurso de la forma más eficaz posible».

Llevado a la práctica, esto implica que todos y cada uno de los empleados públicos deberán demostrar con su trabajo el salario que se les paga.

La «evaluación del desempeño» es la forma de medir el trabajo de un funcionario, de modo que se le puedan aplicar luego medidas que, en el último de los casos, podrían llegar al cese de su puesto de trabajo. La ley llega hasta ahí: menciona la palabra «cese» sin aclarar si se refiere a un empleo concreto o a la plaza genérica.

Sí que se expone que «la continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso quedará vinculada a la evaluación del desempeño de acuerdo con los sistemas de evaluación que cada Administración Pública determine».

Antes de llegar hasta aquí, el Artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores ha explicado que «la evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados».

Cuando llega el momento de aplicarlo sobre un caso concreto, dicho procedimiento tendrá su impacto «en la carrera profesional horizontal, la formación, la provisión de puestos de trabajo y en la percepción de las retribuciones complementarias previstas en el artículo 24 del presente Estatuto».

Con lo que saltamos al artículo 24, que es el que va despejando más incógnitas, ya que en él se recogen los parámetros que determinan dichas retribuciones complementarias (el sueldo base de un funcionario puede suponer a veces sólo el 25% del total).

En concreto, la normativa establece cuatro motivos que determinan el grueso de la nómina del empleado público: La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera administrativa; la especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo; el grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos; y los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo.

Lo que aún no ha quedado claro del todo, es como llevará el PP todo esto a la práctica. Tras informar de su intención de llevar a cabo esta última «reforma», se espera encontrarse con una fuerte oposición sindical.

Entre otras muchas cosas porque introduce el concepto de productividad, de vincular trabajo a resultados concretos y otros baremos que siempre se han tildado de empresariales (y cuando un sindicato habla en estos términos siempre lo es en el peor sentido de la palabra).

A Beteta (ni al Gobierno en su conjunto) no parece importarle demasiado. Porque junto al desarrollo del articulado sobre el desempeño también se prepara una «reordenación y modernización» de todo el funcionariado, «para comprobar dónde faltan y dónde sobran personas».

El tercer aspecto que busca solucionar el Gobierno popular es más peliagudo y entronca con la reforma laboral aprobada en febrero. Beteta dijo ayer de forma textual que «se reducirán los empleados eventuales o interinos».

A continuación, recordó que sólo el 61% de la plantilla de casi 2,7 millones de empleados públicos de todas las administraciones, es funcionario de carrera. Y de ellos, el 13% (unos 350.000) está en ese grupo que dice que hay que adelgazar.

Como la reforma permite el despido de personal laboral (el 26% del total) y de éstos últimos, el recordatorio suena casi a amenaza

Vía | lainformación

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