El Parlamento Andaluz convalida el decreto que da preferencia a la edad y experiencia en la elección del funcionariado interino

Publicada el 25 abril, 2013

El Parlamento de Andalucía ha convalidado este miércoles, con los votos de PSOE-A e IULV-CA, el Decreto-ley por el que se establece una nueva regulación en los procedimientos de selección de los funcionarios interinos de la Administración General de la Junta de Andalucía.

Según ha explicado en el pleno de la Cámara autonómica la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, Carmen Martínez Aguayo, se trata de una iniciativa que refuerza los «principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad».

Además, Aguayo ha explicado que se atiende al criterio recogido en la legislación europea de dispensar un trato diferencial por motivos de edad y experiencia profesional, por lo que estos procesos darán preferencia al personal que cese en su puesto de trabajo porque se haya adjudicado a un funcionario de carrera en cualquiera de los procedimientos reglamentarios de selección o provisión. Como condiciones, se exige que venga prestando servicios con anterioridad al 1 de enero de 2005 y tenga al menos 45 años a 31 de diciembre de 2013.

Y eso porque, según ha apuntado la consejera, «la Administración autonómica no puede ser ajena a las dificultades de contratación de los colectivos de mayor edad».

La nueva regulación, en el marco del Estatuto Básico del Empleo Público (EBEP), considera estas circunstancias con el objetivo de valorar debidamente la experiencia adquirida y demostrada por el colectivo de interinos en el desempeño de puestos de trabajo en la Administración andaluza. De igual modo, se pretende contribuir a la conformación de un mercado de trabajo favorable a la integración social de colectivos prioritarios, entre los que se encuentran las personas trabajadoras de mayor edad, así como defender el principio prioritario del Gobierno andaluz en el sentido de mantener el máximo empleo público.

El Decreto-ley también dará respuesta a las necesidades de provisión de plazas en aquellas áreas que se consideran prioritarias y con necesidades específicas de efectivos, o que afectan al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

Aguayo ha hecho hincapié igualmente en que las medidas contenidas en esta norma han sido objeto de negociación en la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General de la Junta, celebrada con carácter extraordinario el pasado 21 de marzo a petición de las organizaciones sindicales CSIF, USTEA, UGT y CCOO. Además, ha justificado la adopción de esta medida por Decreto-ley por el «perjuicio socialmente destacado» del personal interino, que viene reclamando desde hace tiempo que se tuviera en cuenta «su amplia experiencia» para optar a las vacantes.

También el diputado de IULV-CA ha recalcado que se trata de una medida para «valorar la antigüedad y la experiencia como criterios para la estabilidad» laboral de este colectivo de interinos, a los que se igualará ahora al resto de trabajadores «a los que ya hemos consolidado en otras bolsas como las de sanidad, educación o justicia».

Además de recalcar que se trata de un «proceso excepcional y transitorio» que busca «atender servicios públicos prioritarios de la Junta de Andalucía», García ha recordado que el Decreto-Ley afecta a unas 800 personas pero que, pese a este reducido número, ha sido ampliamente apoyado por trabajadores de la Administración «que no se ven beneficiados directamente por el mismo», como demuestra el hecho de que en muy pocos días haya recogido «3.200 firmas de apoyo al decreto».

Ha hecho referencia también a estas firmas la diputada del PSOE-A Luisa Bustinduy, que ha valorado el trabajo de todos los sindicatos que «han colaborado» con este Decreto-ley y que se han «sentado a la mesa de negociación y, en especial, a USTEA, que ha entregado 1.200 firmas».

En esta línea, ha valorado que el Gobierno andaluz haya trabajado «para solucionar los problemas de los andaluces como éste del empleo» y ha criticado el rechazo del PP-A a este Decreto-ley. «Puede que el PP-A lo descalifique y puede que intente hacer de nuevo demagogia con él, o volver a dividir a los empleados públicos, o volver a hablar de enchufados sin aclarar a quienes se refieren, y lo harán por su tendencia a desprestigiar a los empleados públicos y, con ello, a los servicios públicos», ha lamentado.

PP-A

Pide que se tramite como proyecto de ley

Por su parte, el diputado del PP-A Rafael Ruiz Cantos, ha lamentado que la Junta vaya a consolidar el empleo de estos funcionarios interinos —que ha reducido a «solo 98» y no 800 como ha dicho García— frente a las 375 personas que aprobaron sus oposiciones y a los que la Administración autonómica «les cierra las puertas de la Junta» e incluso sin devolverle las tasas que pagaron por la oposición que aprobaron y por la que están esperando tomar posesión.

Ruiz Cantos, que ha dicho que este Decreto-ley crea «otra inseguridad jurídica más» en la Junta, ha invitado a Aguayo a «decir que son mentira» los datos que ha facilitado en el pleno de la Cámara y la ha acusado «de querer imponer a 98 personas por encima del 1,5 millones de parados» que registra Andalucía, algo que ha tachado de «inaceptable». Ante ello, el PP-A ha pedido que el Decreto-ley sea tramitado como proyecto de ley, pero el Parlamento, con los votos en contra de PSOE-A e IULV-CA, lo ha rechazado.

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