El Gobierno despedirá más de 100.000 empleados públicos

Publicada el 5 julio, 2012

Ambito: Nacional.

Aunque algunas cifras estiman el número de despidos en 300.000, desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy aseguran que al menos 100.000 trabajadores serán despedidos durante esta legislatura para reducir en 80.000 millones la deuda pública actual. Estos despidos, según han informado, no afectarán en ningún caso a funcionarios ya que el recorte estará destinado principalmente a contratados laborales, interinos y eventuales, que actualmente ascienden hasta las 877.459 personas, cifra que equivale al 39% de los empleados públicos de España.

Este último recorte anunciado podría ser la explicación a que el Gobierno no celebrará o presumiese de la reciente noticia del descenso de desempleo que se ha estado produciendo últimamente. El Gobierno es consciente de que este último ajuste, que va suponer la destrucción de miles de puestos de empleo, no va a ser bien recibido por el pueblo, pero ha asegurado que no hay otra opción. Considera «financieramente insostenible» la nómina de las administraciones públicas y Hacienda recuerda que que la plantilla de trabajadores públicos se ha incrementado en 444.000 personas en tan solo diez años. Un 20% de incremento que, a juicio del Gobierno, no se corresponde ni con el aumento de población durante ese periodo en España ni con el de las necesidad del servicio público.

Por otro lado se encuentra el ajuste de las plantillas pertenecientes a las distintas comunidades autónomas y ayuntamientos, sobra las que Rajoy no tiene competencias para imponer recortes, y cuya reducción quedará en manos de los respectivos gobernantes.

La reforma de la Administración estaba prevista para septiembre, pero el Gobierno necesita dar antes a Bruselas nuevas pruebas del inequívoco compromiso de España con la reducción del déficit público. Por ello aprobará esta reforma y otros importantes ajustes, entre los que se incluiría la subida del IVA, este mes de julio.

La reducción de plantilla se ejecutará mediante la no renovación de los contratos de eventuales e interinos, el despido de laborales, una acción que permite la legislación laboral aprobada la semana pasada por el Congreso, y, sobre todo, con la supresión o privatización de buena parte de las más de 4.000 entidades públicas, entre empresas y fundaciones, que existen.

El problema al que se enfrenta el Ejecutivo es que la mayoría de estas sociedades pertenecen a las comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades de municipios. Y el Gobierno no puede imponerles de manera directa que despidan personal, aunque sí le hará una recomendación formal a través de una resolución del Consejo de Ministros. La Moncloa considera clave que exista diálogo y cooperación entre los tres niveles de la Administración pública para lograr limitar con precisión las competencias de cada una de ellas, con el fin de evitar duplicidades en el gasto y en la acción administrativa.

Vía | laverdad

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