Educación traslada a los tribunales de oposición quejas de aspirantes a maestro

Publicada el 12 diciembre, 2011

Ambito: Madrid (Extraido de ccaa.elpais.com/)

Tres sindicatos denuncian el uso de calculadoras, una posible filtración y otros fallos
Al proceso de selección, de 489 plazas, se presentaron 20.000 aspirantes.

Se la jugaban todo en una mañana. Más de 20.000 personas se presentaron el pasado 26 de noviembre a las oposiciones a maestro de la Comunidad de Madrid. Había 40 aspirantes por cada plaza, ya que la convocatoria se restringió a 489 vacantes para Educación Física, Música, Primaria, Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica, Inglés y Educación Infantil. Esa misma mañana notaron que algunos aspectos de la prueba no se estaban desarrollando como deberían. La Consejería de Educación ha trasladado las quejas a los tribunales de oposición, aunque según un portavoz, no le constan denuncias de todas las irregularidades que han denunciado opositores y sindicatos.

Al menos tres centrales  han detectado posibles irregularidades en las pruebas (CC OO, UGT y ANPE). La más significativa para el resultado final, según coinciden las tres, fue el permiso para usar calculadora solo en algunos tribunales, frente a la orden de no usarla. Disponer de ella, según señala CC OO en un escrito que envió a la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, “atenta contra el principio de igualdad de oportunidades, dado que implica un importante ahorro de tiempo” para la primera prueba.

Protesta de un grupo de docentes por la reducción de plazas

El empleo de calculadora “adultera de manera importante los resultados, teniendo en cuenta lo ajustado del tiempo en este primer examen”. UGT, que también ha presentado una queja a Recursos Humanos, contabilizó al menos ocho tribunales en los que se autorizó el uso de la calculadora: son los números 2, 4, 8 y 28 de Educación Infantil; 15, 21 y 28 de Inglés y el número 2 de Pedagogía Terapéutica. A la Consejería de Educación y Empleo le consta “únicamente” este hecho, según un portavoz, y solo en “algunos tribunales de Educación infantil”.

Otra de las presuntas irregularidades es que el personal de una academia de oposiciones repartió desde las 12.00 del día de la prueba “con menos de dos horas de diferencia con la finalización del primer examen, fotocopias de la prueba corregida”, según Comisiones, que denuncia “una posible filtración del examen a esta academia”.

También se quejan por la “falta de igualdad” en el tiempo de realización de las pruebas y de que algunos tribunales dictaron o escribieron en la pizarra las pruebas en lugar de entregarlas en papel, lo que también afectó al tiempo. En algunos grupos hubo “dificultades organizativas” que disminuyeron las opciones de algunos aspirantes, según los sindicatos. Hubo aulas en los que había colgados mapas políticos de España,” contenido sobre el que se examinaba, y no se retiraron al inicio de la prueba”.

La mayoría de las plazas (290 de 489 vacantes, el 60%) estaban reservadas a Inglés. Otras 74 son para Educación Infantil y 25 para otras cinco especialidades: Primaria, Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica, Música y Educación Física. Opositores de inglés se quejaron de que el primer examen no se hizo en inglés “a pesar de que en la convocatoria se especificaba” que para esa especialidad “todas las pruebas se realizarían en esta lengua”, según CC OO. Y hubo dificultades para escuchar la prueba de audio (listening) de ese examen. Educación no tiene constancia del resto de quejas. Según un portavoz de la consejería que gestiona Lucía Figar, serán los tribunales, a través de sus comisiones de selección “quienes deberán determinar si hay que tomar alguna medida”.

Más allá de las supuestas irregularidades, las oposiciones a maestro han llegado con retraso y mermadas. Los sindicatos reivindicaban un compromiso regional para ofertar 10.000 plazas en cuatro años y que se mantuvieran las que se negociaron para este curso: 2.200. La consejería replicó entonces que respeta el límite marcado por el Gobierno central en la Ley de Presupuestos, que fijó que solo se cubran el 30% de las vacantes.

 

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