20.000 trabajadores –interinos y laborales– serán despedidos por el gobierno de Mas para cumplir con el déficit

Publicada el 3 enero, 2013

Artur Mas despidió el año con un discurso en el que ligaba derechos nacionales con derechos sociales. Su gobierno se esfuerza en centrar el debate político en la realización de la consulta soberanista, prometiendo un nuevo estado en el que el bienestar de los catalanes estará garantizado. Todo eso será a partir de 2014. Hasta entonces, habrá que esperar.

2013 promete ser un año duro. Se auguran recortes de 4.000 millones de euros y se implantarán impuestos que pretenden recaudar alrededor de 1.000 millones. Con los bancos y el crédito cerrado, Mas no tendrá más remedio que acudir de nuevo al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para pedir prestado. Se calcula que la Generalitat solicitará ayuda al FLA por valor de 18.000 millones. Montoro se los dará a cambio de nuevos y duros ajustes, aunque el FLA quedará tieso, porque apenas quedarán 5.000 millones para el resto de comunidades. Cifra, a todas luces, insuficiente.

¿Dónde se efectuarán entonces los recortes? Primero, donde siempre. Sanidad, Educación y Servicios Sociales volverán a ser víctimas de los recortes salvajes. En Sanidad, por ejemplo, el gobierno quiere reducir las tarifas de los centros concertados en un 5%. Con esta reducción de la tarificación se pretende ahorrar 200 millones más, pero dejará a muchos hospitales al borde del precipicio. Para compensar la situación –a la que hay que añadir los impagos de julio, noviembre y diciembre–, muchos centros sanitarios tendrán que volver a ajustar sus plantillas o reducir salarios, lo que redundará negativamente en la atención a los pacientes. Otros, simplemente se plantearán el cierre porque no podrán asumir este nuevo recorte.

En el campo de los servicios sociales, muchos empresas no podrán acabar 2013 si no reciben los pagos atrasados, y difícilmente podrán seguir con la atención a los dependientes si vuelven a ver recortados sus ingresos. En Educación, los centros concertados tendrán que compensar la reducción de ingresos con un aumento de las tasas que pagan los padres. Muchos no las podrán asumir porque en el sector se está detectando un aumento considerable de devoluciones de recibos por parte de familias que, víctimas de la crisis, han visto mermados sus emolumentos y no pueden hacer frente al pago de las mensualidades.

Sin embargo, este nuevo ‘tajo’ a los servicios a las personas no será suficiente para conseguir reducir el déficit. Por eso, la Generalitat quiere abrir un segundo frente “adelgazando la administración” y los salarios de los funcionarios. La vicepresidenta, Joana Ortega, no se anduvo por las ramas y tuvo malos presagios para 2013. Los trabajadores de la administración catalana pueden perder de nuevo una paga extraordinaria. Sin embargo, esto no es el peor escenario para los trabajadores públicos. El departamento de Economía, dirigido por Andreu Mas-Colell, ha puesto su objetivo encima de la mesa: reducir el personal de la Generalitat en 20.000 personas. Los colectivos más afectados, los más débiles: los interinos y el personal laboral.

El conjunto de los trabajadores públicos de la Generalitat han sufrido recortes salariales y han perdido una paga. Los interinos se llevaron la peor parte porque tuvieron que soportar una reducción salarial del 15% en 2012. En 2013 pueden acabar en la calle. Mas-Colell propone el despido de 20.000 trabajadores interinos y laborales, lo que implicaría un sustancial ahorro a las arcas públicas, aunque el coste social sería indescriptible.

Consciente de este coste, desde la vicepresidencia del Govern, la democristiana Ortega aboga por una negociación con los sindicatos que iría en la línea de reducir el número de despedidos a cambio de aumentar los recortes salariales para el conjunto de los trabajadores. Con este planteamiento, vicepresidencia espera reducir el número de despidos a la mitad, o sea 10.000 trabajadores, interinos en su mayoría. En conversaciones no oficiales, sindicatos y administración están explorando iniciar un proceso de prejubilaciones para el personal de más de 60 años y con 38 años cotizados. Con esta medida, que podría incluirse en el recorte general reduciendo los despidos más dolorosos, se iniciaría un recorte de personal que no sería tan traumático para los trabajadores.

Estos recortes no han sido comunicados a los sindicatos, que opinan que “la reforma de la administración pública no es una cosa que se pueda hacer de un día para otro”. En las organizaciones sindicales no tienen siquiera conocimiento de la eliminación de la paga de 2014, ni de la privatización del Servei d’Ocupació –que se paralizó por la convocatoria electoral– ni de los expedientes de regulación que están previstos en diversas empresas públicas o incluso expedientes que podrían afectar al personal laboral de la administración. “No se puede llegar a plantear un referéndum sobre la independencia pasando por encima de los derechos sociales y laborales” afirma un alto dirigente sindical que no descarta una contundente respuesta.

Entre los expedientes de regulación de empleo previstos por el ejecutivo se encontraría la televisión pública. Sin embargo, algunas fuentes afirman que ante la más que previsible oposición de Esquerra Republicana “lo de TV-3 apenas se quedaría sólo en un pellizco”. En conversaciones informales, directivos de la televisión pública situaban la cifra de los recortes en un 25%. Esta cifra podría verse reducida sustancialmente por la oposición de los republicanos y por la fuerza de los trabajadores de los medios de comunicación públicos de Catalunya, que no están dispuestos a “pagar el pato” de la situación.

En Cataluña, 2013 empieza con malas noticias, aunque el gobierno catalán sigue centrando sus debates en el 2014. Es la cortina de humo perfecta que oculta los problemas cotidianos y los duros recortes que se preparan para este año, que pueden dejar a 20.000 trabajadores sin su puesto de trabajo.

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